En todos los puntos del estado se está llevando a cabo un proceso de deterioro y privatización de las partes rentables de la salud. Este proceso tiene una causa y un responsable: la aprobación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad, que con los votos de PSOE, PP, PNV, CiU y CC abrió el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más.
Los objetivos: la transferencia de 70.000 millones de euros de gasto público en salud a empresas del sector, y sentar las bases para la sanidad de "dos velocidades", una para las clases ricas, y otra, para los sectores de la caridad y los trabajadores precarios.
Las medidas que se están tomando, tales como, retirar el derecho a asistencia sanitaria a personas sin recursos económicos, o subcontratar los servicios básicos en la sanidad pública, donando ingentes cantidades de dinero a empresas privadas para que gestionen hospitales y centros de salud, con la consiguiente mercantilización de este servicio público esencial, están encaminadas al deterioro planificado de los Centros Sanitarios públicos, para poder justificar el tijeretazo y la privatización ante la población (este hecho incuestionable, que viene al menos de 5 años atrás, ha contado con silencios y complicidades manifiestas):
Cierre de cientos de camas.
Masificación en Urgencias.
Aumento de derivaciones a la privada.
Centros deteriorados.
Aumento de las listas de espera.
Congelación de plantillas desde 2007.
Para así poder en un futuro implantar el famoso COPAGO pagar para poder recibir atención sanitaria, convirtiéndola de este modo en una mercancía, en lugar de un derecho:
En Cada visita al médico o al pediatra.
Para ser atendido por un especialista.
Por ir a Urgencias.
Pensionistas: Un porcentaje en farmacia.
Por cada ingreso al hospital, por las pruebas que allí se realicen, la comida…
Razones para no aceptar el COPAGO:
Afectará negativamente a la población con ingresos más bajos y a la más necesitada de atención sanitaria, incrementando las diferencias de esperanza de vida (que ya es de 16 años entre barrios de una misma ciudad).
Si las personas con bajos ingresos no pagasen (por ejemplo las de renta más baja al salario mínimo (633€/mes) aún sería enorme el número de ciudadanos con serios problemas para poder acceder al sistema sanitario. No olvidemos que un 63% de los trabajadores son mileuristas.
Esto supondría la clasificación como pobres de una parte de la población, con las consiguientes consecuencias discriminatorias.
Se tendría que crear una estructura burocrática para realizar los cobros que podría resultar más cara que lo que se pretende recaudar.
En Urgencias, dejar en manos del médico la decisión de cobrar o no, le convierte en un policía.
La Sanidad privada es más cara y de peor calidad:
Índices de mortalidad más altos que en los públicos.
Presiones e incentivos al personal para recortar gastos.
Lo único que les detiene es el miedo a que la gente se eche a la calle y diga de una vez que ya está bien. Y sólo lo podrá hacer si cuenta con información fidedigna, ofrecida por organizaciones fuera de cualquier sospecha de financiación o interés económico.
Es hora de pararles los pies. Es hora de organizarse.
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