Hace tan solo unos días, el jornalero Eleazar Blandón fue abandonado en un centro de salud tras sufrir horas antes un golpe de calor que le hizo perder la consciencia mientras trabajaba. Fue allí dónde falleció. Su caso ha alcanzado un mínimo eco mediático que evidencia lo que nuestros ojos presencian por décadas en diferentes partes del Estado español (Lleida, Murcia, Almeria, Huelva, etc.) y especialmente contra personas migradas: la nueva esclavitud y la vieja miseria.
Pero, ¿es algo que nos queda tan lejos o es algo que vivimos en nuestro campo aquí en Ciudad Real?
Son
sabidas las crudas condiciones laborales del trabajo como jornalero por
su eventualidad, exposición climática y exigencia física, a las que se
añaden aquellas que dependen de los empleadores: salarios ínfimos que
pueden llegar a 30€ por 10 horas, a los que restar en muchas ocasiones
costes abusivos de transporte, comida y un precario alojamiento (si es
que no deben refugiarse en chabolas o vivir en la calle); contratos de
una precariedad extrema; altas en la seguridad social de la mitad de las
horas realizadas; horas extra no pagadas como tales o incluso no
remuneradas; trabajo a destajo con ritmos marcados por la maquinaria y
no por la capacidad física, la cual se lleva al límite; salarios
retrasados, rebajados o negados; una continua amenaza al despido;
negación de derechos básicos como la asistencia sanitaria ante
accidentes; ausencia de medios de protección; a lo que añadir la doble
violencia sufrida por ser mujeres, con la posibilidad del abuso sexual
como arma de poder contra ellas.
La mayoría de los temporeros son
personas migradas cuya desesperación económica y legal, tanto propia
como de sus familias, les empuja a aceptar estas deplorables
condiciones. Por ello, su situación legal se vuelve un extra de
dependencia y vulnerabilidad laboral del que sus jefes saben cómo sacar
provecho. Si el campesinado ha sido exprimido, despreciado y
minusvalorado históricamente, más aún ahora que se suma un racismo y
xenofobia impune, tan presente en nuestra sociedad.
Las tan
precarias condiciones de vida que se desprenden de este contexto laboral
hacen que su salud se vea tremendamente expuesta. Al encontrarnos
atravesando una pandemia, su enorme dependencia económica, la
explotación sufrida, la imposibilidad de respetar las medidas de
seguridad y la dificultad de acceso al agua y otros recursos básicos les
expone muchísimo más a contagiarse (además de sufrir otras enfermedades
o lesiones), siendo socialmente estigmatizados y señalados como
propagadores y asignándoles una injusta responsabilidad de propagación
del virus ante una salud publica que les excluye e invisibiliza.
Por otra parte, las principales asociaciones del sector agrícola,
compuesta generalmente por los propietarios y por ello empleadores,
tratan de negar esta realidad, indignándose por un incremento de
inspecciones laborales en lugar de indignarse por la pérdida de la
soberanía alimentaria, la dependencia del mercado internacional, el
excesivo poder de las grandes plataformas alimenticias del país, las
enormes diferencias de precios entre el producto inicial y de mercado y,
sobre todo, ante las condiciones a las que otros colegas exponen a los
trabajadores que emplean. Hacen de su problema el de otros,
aprovechándose aún más de los más vulnerables: canibalismo gremial.
El
gobierno, además, obvia una posible regularización de las personas en
situación administrativa irregular, haciéndoles aún más indefensos ante
posibles abusos patronales, por el miedo a las posibles consecuencias
legales que les puede acarrear cualquier tipo de denuncia de abusos
laborales. Las únicas medidas para fomentar el trabajo en el campo han
consistido en ampliar el derecho a trabajar de personas extranjeras y en
que la cotización no implicase la anulación de ciertas prestaciones
económicas, pero no en mejorar sus condiciones o luchar contra la
impunidad de los explotadores. Pero ya sabemos que no se deben pedir
peras al olmo.
¿Qué nos hace pensar que todas estas
circunstancias, que describen el panorama nacional agrícola, no se dan
en una provincia como Ciudad Real, caracterizada por ser la agricultura
su principal actividad económica? Localidades como Tomelloso, Bolaños o
Socuéllamos son conocidas por sus grandes extensiones de campo y la
necesidad de una numerosa mano de obra para recoger sus cosechas. El
negar que aquí se están vulnerando los derechos de los trabajadores al
igual que en el resto del país es muestra de una ignorancia voluntaria
que pretende mirar a otro lado para evitar la responsabilidad social con
quienes se están dejando la piel para que podamos tener algo que
llevarnos a la boca.
Por todo ello, desde CNT Ciudad Real denunciamos las condiciones laborales deplorables y la vulneración de derechos humanos, la complicidad de gobierno y asociaciones de agricultores y la criminalización de ciertos medios y sectores políticos y sociales.
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